Aspectos legales: la Ley del 2%

La Ley General de la discapacidad obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a la reserva de una cuota de, al menos, un 2% de la plantilla con discapacidad. TyE le ofrece soluciones viables y económicas para el cumplimiento de la Ley.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
Este Real Decreto Legislativo ha integrado en una sola norma la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad (LISMI), de 1982; la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, de 2003, y la Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de 2007.
El Real Decreto 364/2005 de 8 de abril, permite sustituir la cuota de reserva de reserva por alternativas previstas en el mismo, las cuales se centran principalmente en la Contratación, Compra de Productos o Servicios de un Centro Especial de Empleo.
El objetivo de las Medidas Alternativas es que empresas que por razones técnicas, económicas u organizativas no puedan tener trabajadores en plantilla o bien no encuentren trabajadores para cubrir las plazas, puedan cumplir igualmente la ley.
La obligación de contratar a una persona discapacitada, se puede compensar optando por la contratación de servicios a TyE, como Centro Especial de Empleo, el importe anual de contratación debe ser, al menos, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos múltiples anual (IPREM) por cada trabajador con discapacidad no contratado.
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TyE a través de las distintas modalidades de servicios ofrecidos, realizando un análisis minucioso de las necesidades de su empresa, encontrará la solución adecuada para cumplir con las obligaciones marcadas por la ley del 2% de la forma más rentable, económica y socialmente responsable.Contacta
Sanciones Económicas
TyE, como Centro Especial de Empleo le facilita el cumplimiento de la Ley sin descuidar los criterios de competitividad empresarial y know how.
El cumplimiento de esta Ley se ha convertido en un objetivo prioritario de la Inspección de Trabajo y el incumplimiento de la misma supone, además de un impedimento a la hora de lograr contratos con las distintas Administraciones Públicas, posibles sanciones económicas importantes.